El Tribunal Supremo hace tiempo que sentó jurisprudencia en el sentido de que se puede condenar a un acusado de homicidio o asesinato, aunque no se localicen el cadáver o cadáveres de las víctimas. El caso de Piedad Moya encaja a la perfección en este supuesto. Esta vecina de Mataró (Barcelona), de 44 años, desapareció el 4 de abril de 2014. Su familia la busca desde entonces sin descanso, aunque las opciones se agotan. La persona que se supone que acabó con la vida de la víctima, que permanece en prisión, nunca ha reconocido los hechos y, por tanto, sigue sin revelar a día de hoy dónde ocultó el cadáver.
