Hoy recuperamos la historia de la jueza segunda de orden público Marta Lucía González, quien hace 37 años tuvo que abandonar Colombia después de investigar a fondo las masacres de La Honduras, La Negra y Punta Coquitos, ocurridas en 1988 en Turbo. Lo que inicialmente se presentó como un enfrentamiento entre guerrillas resultó ser, según sus hallazgos, una operación liderada por estructuras paramilitares de Fidel Castaño, en alianza con Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Gacha y con la participación de agentes estatales. Tras librar órdenes de captura contra todos ellos, su vida cambió para siempre: comenzaron las amenazas, los hostigamientos y finalmente el exilio, que iba a ser temporal pero se convirtió en permanente. Ocho meses después de su salida forzada del país, su padre, el exgobernador de Boyacá Álvaro González Santana, fue asesinado por sicarios, y su familia también tuvo que huir. A pesar de todo, incluso el propio Estado terminó retirándola de su cargo diplomático, sin poder garantizarle seguridad si regresaba. Su historia, como la de tantos funcionarios y funcionarias judiciales que defendieron el Estado de derecho en los años más oscuros, habla de un país que resiste, que cree en la justicia y que no se rinde ante el poder de lo ilegal. Learn more about your ad choices. Visit megaphone.fm/adchoices
