Cuando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó al juez Santiago Pedraz el informe 89/2026 —un documento de cientos de páginas con grabaciones, correos electrónicos, mensajes, facturas y conversaciones que durante meses había permanecido bajo secreto de sumario—, la pregunta que sobrevolaba la Audiencia Nacional era la misma que muchos ciudadanos se habían formulado durante años: ¿hasta dónde llegaba realmente la mano del poder?
