Conviene decirlo sin rodeos: la figura del colaborador con la Justicia incomoda porque parece premiar a quien también delinquió. Pero esa incomodidad es, precisamente, el precio que cualquier sociedad y estado de derecho debe pagar si quiere desmontar estructuras de poder opacas, construidas para que ningún testigo externo pueda dar fe de lo que ocurre en su interior.Las organizaciones criminales y las tramas de corrupción no dejan rastro documental accesible: funcionan mediante acuerdos verbales, pagos en efectivo y silencios pactados. Frente a eso, el Estado de derecho muchas veces está desprotegido, solo dispone de dos caminos: esperar años a que aparezca una prueba material —si aparece— o incentivar a quien estuvo dentro para que hable.La sentencia del TS del caso Abalos, sentencia por unanimidad, lo dice con una claridad que pocas veces se lee en una resolución judicial: [[LINK:INTERNO|||Article|||6a39217c33810700077dca3d|||sin la declaración de un coautor, la investigación no habría avanzado]] y la condena, sencillamente, no habría llegado. Esto conviene no olvidarlo. Y eso no convierte a Aldama en un héroe ni borra su responsabilidad penal —de hecho, ha sido condenado—, pero sí demuestra que la legislación, lejos de ser una concesión arbitraria, responde a un cálculo razonable: es mejor una pena reducida y una verdad esclarecida, que una pena íntegra sobre una verdad que nunca llega a conocerse.Los casos Gürtel y Púnica enseñaron la misma lección años antes: sin Peñas no habría existido la primera sentencia firme contra un partido político en España; sin la confesión de Marjaliza, buena parte de la red de comisiones que recorrió ayuntamientos de toda la Comunidad de Madrid durante más de una década habría seguido siendo, hoy, una sospecha sin nombre ni cifras.Premiar al delator, al colaborador, no es renunciar a la Justicia: es, paradójicamente, la única forma de que la Justicia llegue a producirse en los casos donde el poder se ejerce con opacidad.
