¿Realmente es tan polémico ese término, y esa práctica? ¿De qué estamos hablando? De una violación de la Constitución, como dijo Pedro Sánchez, o de algo que en la práctica, las administraciones públicas españolas ya aplican bajo el nombre y el criterio de arraigo —aunque no siempre con ese nombre— para ordenar el acceso a recursos escasos? Pocas expresiones han generado tanta discusión reciente como “prioridad nacional”. Introducida en los acuerdos de gobierno entre el Partido Popular (PP) y Vox en Extremadura primero, y replicada después en Aragón, la fórmula ha actuado como un auténtico catalizador del debate político. No es casual. El concepto, de resonancias europeas —especialmente vinculado a la derecha francesa—, aparece en documentos oficiales como un principio orientador para el acceso a ayudas públicas, vivienda protegida y servicios sociales. Sin embargo, su redacción en los acuerdos no es tajante. Lejos de establecer una exclusión directa por nacionalidad, los textos pactados no hablan de prioridad nacional. Literalmente los textos hablan de “arraigo real, duradero y verificable” como criterio para priorizar el acceso a recursos públicos. Ahí reside una de las claves de la controversia: ¿se trata de una medida de discriminación o de un criterio administrativo ya existente bajo otro nombre?
